El uso de bots y sistemas impulsados por inteligencia artificial ya no es exclusivo de sectores tecnológicos. Desde servicios financieros hasta estrategias de marketing, su presencia se multiplica a diario, automatizando tareas que antes dependían de la intervención humana. Sin embargo, esta misma automatización, mal gestionada o sin control, puede generar consecuencias legales y reputacionales severas para las organizaciones.
¿Qué hacen realmente los bots?
En su forma más simple, un bot es un software programado para ejecutar acciones automáticas. Pueden ser tan básicos como scripts que reaccionan ante determinadas reglas o tan complejos como sistemas basados en IA que toman decisiones con cierto grado de autonomía. Y dependiendo de su uso, el impacto puede ser muy diferente.
En el mundo digital, los bots pueden actuar como asistentes o como riesgos encubiertos. Algunos ejemplos incluyen:
- Bots sociales que inflan métricas con interacciones falsas para simular popularidad o manipular conversaciones en redes.
- Bots de desinformación que propagan noticias falsas, especialmente en campañas políticas o comerciales agresivas.
- Bots en servicios al cliente que, si están mal configurados, ofrecen respuestas erróneas o inducen a confusión.
- Trading bots y “sniper bots” que ejecutan órdenes bursátiles a velocidades imposibles para un humano, y en ocasiones participan en esquemas que rozan —o directamente constituyen— maniobras de manipulación de mercado.
Estas herramientas, si bien útiles, no están exentas de riesgos legales cuando se usan sin controles apropiados.
Automatización con consecuencias: ¿quién responde?
Cuando los bots generan ventajas engañosas o afectan a consumidores, las leyes actuales en muchos países contemplan mecanismos de protección. En Argentina, por ejemplo, la Ley de Defensa de la Competencia (27.442) y la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) son claves para analizar estas situaciones.
Imaginemos una app de inversiones que utiliza algoritmos para ejecutar órdenes de compra y venta automáticamente. Si un error en su programación genera pérdidas al usuario, estamos ante un caso que podría derivar en reclamos contractuales, sobre todo si la empresa no tomó las medidas adecuadas para prevenir ese tipo de fallas. En este sentido, el artículo 1710 del Código Civil y Comercial, que establece el deber de prevenir el daño, cobra protagonismo.
El problema no es solo el software en sí, sino la falta de medidas razonables para supervisarlo.
Compliance como escudo legal y ético
Frente a este panorama, el compliance no es simplemente una formalidad administrativa, sino una herramienta clave para anticiparse a conflictos legales y reputacionales. Las organizaciones que integran políticas de control y auditoría sobre sus sistemas automatizados tienen una mejor capacidad de respuesta ante incidentes.
Implementar un mapeo de riesgos, realizar un inventario detallado de bots y conocer qué datos procesan y qué decisiones toman son pasos básicos. A eso se suma la necesidad de realizar auditorías periódicas, revisar el código y monitorear comportamientos que puedan derivar en daños.
Además, es fundamental capacitar a los equipos internos en aspectos legales vinculados al uso de bots: desde normativas de protección al consumidor hasta posibles infracciones penales. Informar al usuario cuando está interactuando con un bot y con qué fines se usan sus datos no solo cumple con la ley: también fortalece la confianza.
Y, por supuesto, contar con un plan de contingencia, preparado para actuar con rapidez si una herramienta automatizada se desvía de su propósito o genera consecuencias imprevistas.
Proactividad legal en un entorno cada vez más automatizado
El compliance, bien aplicado, no solo previene sanciones: también sirve como prueba concreta de que la organización actuó con diligencia. En contextos legales, demostrar que existían políticas internas de control puede marcar la diferencia entre una sanción grave y una exención parcial —o incluso total— de responsabilidad.
En un entorno donde la tecnología avanza más rápido que la regulación, adoptar una mirada anticipatoria es clave. No se trata de detener la automatización, sino de acompañarla con estructuras que garanticen legalidad, ética y seguridad.
En este sentido, invertir en compliance no es un gasto: es una estrategia de protección 360°. Una decisión que cuida el negocio, al usuario y a la reputación corporativa en partes iguales.
Fuente: https://www.rionegro.com.ar/opinion/inteligencia-artificial-bots-e-invertir-en-compliance-proteccion-legal-360-4031093/
